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Nueva normativa nacional sobre tarjetas de aparcamiento discapacitados

El Tribunal Constitucional ha desechado prácticamente en su totalidad el enfrentamiento de competencias que presentó el Gobierno Vasco contra el Real Decreto que regula el estacionamiento de personas con discapacidad al comprender que la regla estatal garantiza que este derecho pueda ser ejercido por igual en toda España.

El 14 de Abril de 2015 el Gobierno Vasco propuso este enfrentamiento positivo de competencia contra 9 artículos y múltiples disposiciones de ese R. D. puesto que comprendía que el Ejecutivo central “se excedía en esta regulación y no respetaba” la competencia exclusiva de Euskadi en materia de asistencia social, recogida en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía.

El Gobierno Vasco recordó entonces que desde hacía 15 años Euskadi contaba con normativa propia para regular la emisión y empleo de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. En ella se establece que son los ayuntamientos los encargados de concederla y que están homologadas en toda la UE.

Tarjeta aparcamiento personas discapacitadas

No obstante, el Tribunal Constitucional ha desechado las intenciones del Gobierno Vasco al comprender que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha invadido la competencia autonómica en materia de asistencia social, sino ha establecido las condiciones básicas precisas para asegurar el reconocimiento de un derecho o bien beneficio, como es la autorización para el empleo de plazas de estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida en igualdad de condiciones en todo el territorio.

La sentencia, cuenta con el voto particular de la vicepresidenta del tribunal, Adela Asua, quien da la razón a Euskadi por el hecho de que piensa que el Gobierno ha establecido una “regulación completa y detallada del régimen jurídico aplicable” en vez de limitarse a fijar las condiciones básicas para asegurar la igualdad en el acceso al derecho a una tarjeta de estacionamiento reservado.

La sentencia recuerda que la competencia autonómica “no impide el ejercicio de las competencias del Estado” tratándose de establecer unas condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos.

El Tribunal examina cada uno de ellos de los preceptos impugnados y declara constitucionales todos menos 2, en los que da la razón al Gobierno Vasco.

Uno de ellos es el artículo 8, que establece las obligaciones y sanciones a los titulares de las tarjetas, y otro es el 10 del mismo R. D., en el que se regula la renovación de exactamente la misma. El tribunal estima que, por su grado de detalle, corresponde a la comunidad autónoma.

Por contra, conforme el TC no invaden la competencia autonómica vasca otros preceptos como el que define las tarjetas de estacionamiento como documento público y que ha de ser igual en todo el territorio nacional, el que detalla qué personas tienen derecho a ellas y el que establece la cantidad mínima de plazas que deben reservarse en los ayuntamientos y en los establecimientos sanitarios.

Asimismo acredita otros artículos y disposiciones del R. D. sobre a quién se deben entregar estas tarjetas y exactamente en qué condiciones se pueden utilizar o bien el que regula la tarjeta temporal que se entrega de forma transitoria.

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